Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)[← |→]
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
La justicia es un derecho, y debe ser igual para todos, independientemente de la capacidad económica u otras circunstancias.
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